Unos 30 vecinos de Villaverde, con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ha conseguido este miércoles postergar los dos desahucios que había programados, uno de ellos en San Cristóbal y el otro en Villaverde Alto.

En el primer hogar, ubicado en la calle Paterna, 21, vive un matrimonio colombiano con sus dos hijas. Todos están en el paro. Con unos ingresos de tan solo 400 euros mensuales, la familia no puede afrontar el pago de la hipoteca y tampoco puede ir a ningún otro sitio.

“Como estamos en las listas negras que nos han puesto, quién nos va a querer alquilar un piso si no tenemos medios económicos. Y encima con avales, es que nos están pidiendo avales. Vamos a ver señores, que no queremos comprar un piso, queremos alquilar un piso. Piden avales y tres meses de adelanto. Por favor”, ha denunciado a OMC Radio Esther Sanz, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

El banco, en este caso Bankia, había dicho hace unos días al abogado de la familia que el desahucio se había parado y que el trámite de hoy era solo rutinario. Pero los representantes del banco se presentaron con procuradores judiciales y policías locales para ejecutarlo. El padre de la familia les dijo: “Si a mí me sacan de aquí, a mí y a mis hijas nos sacan en ataúdes”.

Los vecinos, que decían estar llenos de rabia por la situación, impidieron pacíficamente el paso a las autoridades. De esta forma, el desahucio se retrasa hasta el próximo 11 de Julio.

Segundo desahucio

La otra familia es española y vive en la calle José Pérez, 12. Se trata de un matrimonio con cuatro hijos que aceptó una hipoteca de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) para comprar su primera vivienda, de protección oficial, después de toda una vida de alquiler. Pero el contrato con la CAM venía con cláusulas abusivas, como intereses del 25% tras el primer día de demora.

El préstamo que obtuvieron de la entidad para comprar la casa era de 101.000 euros, ahora la misma caja de ahorros valora el inmueble en 42.000 euros.

Y la deuda inicial se ha incrementado hasta 140.000 euros por los intereses y gastos de abogados que les ha acarreado el proceso de desahucio, según explicó a OMC Radio uno de los hijos, Juan Luis.

En este caso, también se presentaron en la vivienda representantes de la entidad, procuradores judiciales y policía local para ejecutar el desalojo. La presión de los vecinos consiguió posponer el desahucio hasta el 13 de septiembre. Y la intención es que, hasta entonces, renegociarán las condiciones de la hipoteca.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca presta asistencia legal gratuita todos los jueves de 19 a 20:30 en la calle Rocafort, 5.