[06-12-2007]
“Los gobiernos autonómicos ponen excusas técnicas, legales y administrativas que son sólo excusas. La realidad es que no tienen voluntad política para garantizar el derecho a comunicar de los medios comunitarios”, explica el miembro del grupo de legislación de la REMC Javier García, quien advierte que incluso el Defensor del Pueblo está investigando esta situación.
García calificó el marco legislativo que regula los medios audiovisuales como un “laberinto” en el que Gobierno central y los autonómicos “juegan un partido de pin pon”.
El Gobierno central planificó más de 866 concesiones de FM hace un año para que fueran explotadas por radios de gestión indirecta (es decir, que no fueran públicas municipales o de los gobiernos autonómicos). A este se le conoce como Plan Técnico de FM. Las comunidades autónomas son las encargadas de asignar estas concesiones en sus territorios. La REMC denuncia que, más de un año después del Plan Técnico, once comunidades han iniciado el procedimiento administrativo para otorgar estas frecuencias, pero todas han restringido la posibilidad de que los medios comunitarios aspiren a esas licencias. Sólo Galicia, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Cataluña y Canarias no han comenzado aún el reparto.
“Una emisora comunitaria es también una radio de gestión indirecta, pero los gobiernos autonómicos tienen el descaro de denominar los procedimientos de concesión de frecuencias sólo ‘para emisoras comerciales’. Además, piden una serie de requisitos que sólo pueden cumplir las empresas”, subraya García, quien rechaza que las autonomías consideren un requisito indispensable que el Gobierno central incluya en sus leyes a las emisoras sin animo de lucro. Estas radios ya se incluyen en los artículos de las leyes que hablan de “emisoras de gestión indirecta”.
Actualmente hay autorizadas y repartidas más de 1.000 radios en el estado español. La REMC considera muy grave que los medios sociales vuelvan a ser marginados de estas 866 concesiones, ya que apenas quedan huecos en el dial radiofónico para que puedan desarrollarse estas iniciativas ciudadanas de profundo carácter social y participativo.
